El Frente de Todos pide que se convoque a la mesa de violencia

La semana pasada, ante la negativa del Ejecutivo local y del interbloque Juntos por el Cambio a brindar informes y a abrir la Mesa local de Violencia solicitada por más de una veintena de organizaciones sociales y políticas, las concejalas Cecilia Martínez, María Inés Laurini y Graciela Bilello -esta última además presidenta de la Comisión de Género del Concejo Deliberante- se reunieron virtualmente con la Subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género Flavia Delmas. Las Mesas locales de Violencia deben tener la conformación lo más amplia y participativa posible porque son el espacio donde se diseña la política pública para el territorio, y donde se superan los obstáculos para el acceso a los derechos de mujeres que están en situación de violencia. Además de las concejalas del Frente de Todos, participaron de la reunión con Delmas representantes de la Facultad de Derecho de la UNICEN, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Oficial Civil, el Ministerio de Trabajo, Colectiva Mala Junta–Patria Grande, Agrupación 26 de Julio, MTA, ABOFEM, Agrupación La Jauretche, Agrupación Juana Azurduy, MTE Mujeres, La Cámpora, ATE–CTA, Hospital Materno Infantil Argentina Diego y Zona Sanitaria IX, entre otras.

Además, la Directora de Intervención en Casos Críticos y Alto Riesgo en Situaciones de Violencia por Razones de Género Agostina Balástegui se puso a disposición desde el primer momento, y a través de nosotras con la familia de Eliana para asesorar legalmente, orientar y contener. Desde esa área se está trabajando junto a la fiscal que interviene en el caso, Karina Gennuso, y se acordó elaborar de forma conjunta la apelación a la decisión del juez Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías 3, quien contra todos los indicios consideró que no hay elementos que ubiquen a Ponce como el agresor de su pareja, negándose a dictar su prisión preventiva.

Desde el Frente de Todos venimos trabajando una agenda de género, incluida la presentación del proyecto de la que fue conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La fiscal Gennuso entendió que había elementos para pedir la detención porque había peligro de fuga/entorpecimiento de la causa. Adelantó que está reuniendo todos los elementos probatorios, y considera que la resolución del Juez Suárez carece de perspectiva de género y empatía.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires obra de oficio, y va a participar oficialmente en la etapa de instrucción penal preparatoria para aportar perspectiva de género y experiencia ante este fallo que nos preocupa.