Presentaron un amparo para frenar la instalación de peajes en la Ruta 3

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de impedir la instalación de ocho nuevos peajes en el tramo de la Ruta Nacional 3 que conecta Buenos Aires con Bahía Blanca. La medida judicial apunta a frenar el proceso de privatización de Corredores Viales SA y el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional impulsado por el Gobierno nacional.
Gray advirtió que la implementación de estos peajes significaría un fuerte impacto económico para quienes transitan a diario por ese corredor. “Viajar desde CABA a Bahía Blanca implicaría pasar por ocho peajes y gastar alrededor de $40.000 por tramo. Y desde Esteban Echeverría hacia la Ciudad ya tenemos dos peajes obligatorios. Esta carga económica, por donde se la mire, es desmedida”, sostuvo el jefe comunal.

En esa línea, remarcó que la privatización proyectada puede generar “consecuencias graves en la economía de quienes utilizan diariamente las rutas y autopistas para cumplir con sus obligaciones: trabajar, estudiar, producir y transitar libremente”.

Gray también cuestionó que el proceso avance sin un organismo regulador independiente que garantice controles adecuados. “Puede derivar en prestaciones deficientes, prácticas monopólicas abusivas y falta de cumplimiento en las inversiones comprometidas, colocando la rentabilidad empresarial por encima del interés público”, señaló.

La medida del Gobierno nacional se formalizó a través de la resolución 1843/2025, mediante la cual se inicia el proceso de privatización y la convocatoria a licitación. Desde Nación fundamentan esta decisión en la Ley 27.742, conocida como “Ley de Bases”, que plantea criterios para reorganizar y optimizar la administración pública. Sin embargo, Gray advirtió que la norma no habilita privatizaciones no previstas, lo que podría traducirse en mayores costos para usuarios y consumidores, tal como ya ocurre en su distrito.
El caso quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá resolver si avanza o no el proceso de privatización y la instalación de los nuevos peajes sobre la Ruta 3.