Investigación por sextorsión

La titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, Dra. Fabiana San Román, ordenó la detención de Anselmo Omar Nievas de 37 años, Nazareno Ezequiel Juárez de 21 años, Lourdes Nahir Comas Holgado de 21 años y Priscila Pamela Navone de 27 años, todos acusados de integrar una banda delictiva dedicada a la extorsión bajo la modalidad de sextorsión.

La causa, que se inició en octubre de 2023, avanzó rápidamente gracias al trabajo de los investigadores de la DDI Azul y la Sub DDI Bolívar. Según información oficial, los acusados contactaban a las víctimas a través de la red social Facebook, donde intercambiaban mensajes, audios y videos de índole sexual. Luego, comenzaban a extorsionar a las víctimas, amenazando con divulgar el contenido entre sus familiares y en redes sociales si no pagaban grandes sumas de dinero. Varias de las víctimas habrían accedido a las demandas, realizando transferencias bancarias.

Bajo las directivas del fiscal Dr. Lucas Moyano, titular de la UFI N° 22 de Azul, los investigadores lograron rastrear el dinero transferido y el 14 de febrero de 2024 realizaron allanamientos en la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul y en domicilios de Bolívar, ubicados en calle Belgrano 1483 y Castelli 1251. Durante estos procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares, cuyo análisis forense permitió desenmascarar la organización delictiva.

Nievas y Juárez, quienes ya se encontraban cumpliendo condena en las Unidades Penitenciarias N° 30 de General Alvear y N° 37 de Barker, eran los encargados de hacerse pasar por funcionarios policiales, familiares de las víctimas o abogados. Por su parte, Comas y Navone gestionaban el dinero obtenido de la extorsión, realizando compras de electrodomésticos y otros bienes que luego entregaban a los detenidos, generando así réditos económicos para la banda. Además, se pudo establecer que Nievas y Navone mantenían una relación sentimental.

El modus operandi se repetía en cada caso, lo que permitió a los investigadores acumular pruebas contundentes, no solo mediante el análisis telefónico, sino también rastreando los movimientos financieros realizados a través de billeteras virtuales. La complejidad del caso y la cantidad de pruebas recabadas ponen a los acusados bajo una grave acusación por el delito de extorsión, tipificado en el artículo 168 del Código Penal, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión.