Columna política de Peronismo para el Desarrollo Local

Política 13 de febrero de 2021 Por NdA
Columna política de la concejal María Ines Laurini del bloque de Peronismo para el Desarrollo Local, Frente de Todos.
María Ines Laurini

A pocos días de que venza el Fallo Judicial - EL CONFLICTO DE LOS ANESTESISTAS EN AZUL

En noviembre de 2020 el gobierno de la Provincia de Buenos aires comunicó que “un total de 12.370 trabajadores y trabajadoras del Estado provincial pasaron a formar parte de la planta del Ministerio de Salud”, regularizando la situación de miles de precarizados. 

En un contexto difícil por la Pandemia y el desinterés político de los últimos años, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso pasar a planta a 12.370 trabajadores de la Salud para regularizar el empleo público estatal: resolvió una demanda histórica y reforzó el sistema de salud en plena pandemia.  Además, se incorporaron 8.970 nuevos profesionales y no profesionales a la planta de hospitales bonaerense. Son nuevos trabajadores y trabajadoras que se sumaron a los hospitales públicos bonaerenses en la primera línea de batalla frente al Coronavirus: 5.890 incorporados por la pandemia, 1.137 residentes que pasaron a planta y los 1.943 nuevos residentes que comenzaron su formación en servicio durante octubre.

 ¿Y qué pasa con los anestesistas? Los anestesistas se niegan sistemáticamente a ser personal de planta del sistema público de salud. Esto no es ninguna novedad ni una situación exclusiva de la provincia de Buenos Aires.

El Consejo Federal de Salud (COFESA) reúne cada año a los Ministros de Salud de cada una de las provincias, el conflicto con los anestesiólogos y las asociaciones que los nuclean es un tema recurrente. A través de los documentos del COFESA han declarado, en más de una oportunidad, su preocupación ya que las asociaciones profesionales de anestesistas impiden cubrir todos los puestos necesarios, bloquean la formación de nuevos especialistas y dificultan el acceso a la salud de los ciudadanos.

Los ministros de Salud de todas las jurisdicciones del país se han pronunciado contra las “actitudes extorsivas” de las asociaciones de anestesiólogos, a las que acusan de “una tendencia de posición dominante que compromete el derecho de todos los habitantes a acceder a prestaciones quirúrgicas fundamentales”. Según los ministros, los anestesiólogos suelen negarse a trabajar en relación de dependencia y lo hacen mediante contratos de provisión de servicios: ellos fijan las condiciones y, si la provincia no las acepta, se queda sin cobertura de anestesia. 

Los procesos electorales y la situación de pandemia han demorado el tratamiento de la ley Declaración de Emergencia Nacional en ANESTESIOLOGÍA.

 El PROYECTO DE LEY establece:

 1. Anestesiología como servicio público esencial. 

2. Limitación de bajas en los servicios si no hay reemplazo fehaciente por otro profesional. 

3. Incorporación de sanciones ante negativas de cumplimiento de servicios.

 4. Contraprestación de residentes por período equivalente a la formación

5. Identificación de especialidades afines a la práctica de Anestesiología para ampliar oferta formativa y prestacional. 

6. Planificación de formación de acuerdo con necesidades de cada provincia y capacidad formadora.

Los proyectos de ley presentados reconocen en sus fundamentos que “la salud de la población se ve amenazada por la suspensión o atraso de intervenciones que requieren anestesia, no sólo cuando son urgentes sino también cuando son programadas, en función del daño psicológico y la posibilidad de complicaciones. Por sus consecuencias en la salud de la población y en el propio sistema de salud, este conflicto contraría Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y otros). Bajo el argumento de supuestas falencias en el servicio de salud, y en la capacitación a nivel de posgrado, los anestesistas se nuclean en distintas asociaciones jurisdiccionales y en la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología, Analgesia y Reanimación, marcando desde esta institución las pautas sobre la cantidad de anestesistas habilitados para el ejercicio de la especialidad, como así también sobre la fijación de aranceles que superan con creces y sin justificación alguna, los aranceles que perciben los restantes especialistas médicos.

En definitiva, esta metodología de defensa de los derechos de un sector de la actividad médica, se convirtió desde hace muchos años en un factor que obtiene ventajas diferenciales. en detrimento de los restantes profesionales médicos, de los establecimientos públicos y privados que se ven obligados a abonar honorarios exorbitantes que desequilibran la ecuación económica en perjuicio de la prestación de salud, que se ve encarecida y al mismo tiempo afectada, en lo que respecta a celeridad en la prestación”.

A través del  proyecto se pretende “abrir el espectro de capacitación en la especialidad de anestesiología, con la rigurosidad académica que tal especialidad amerita garantizando la seguridad en la prestación de salud en beneficio del bien común de la ciudadanía en general”.

En pocos días vence el plazo fijado en el fallo judicial que resolvió momentáneamente el conflicto entre los anestesistas y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que originó la derivación de niños azuleños a hospitales de otros distritos.

Ese falló judicial declaró la “EMERGENCIA DEL SERVICIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ARGENTINA DIEGO” y decretó la medida de no innovar retroactiva al 17 de diciembre, “prorrogando la vigencia del convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha, a fin de posibilitar que las partes arriben a una solución que contemple el interés de las partes involucradas, sin desproteger el superior interés de los niños/as, adolescentes y embarazadas.”

“A tal fin, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la provincia de Buenos Aires, deberá coordinar con la Dirección del Hospital Materno Infantil "Argentina Diego" las medidas pertinentes para garantizar de forma inmediata una guardia mínima de servicio de anestesiología que garantice la atención de urgencias y emergencias de todas las especialidades, a cuyo efecto deberá primar el criterio del médico tratante; ello hasta que se resuelva el conflicto que diera origen a la presente acción de amparo, bajo apercibimiento de formar causa por delito de desobediencia y todo otro que pudiere verse verificado.”

Mientras en el primer párrafo se decreta la prórroga del convenio vigente, en el segundo se ordena que se garantice solo “atención de urgencias y guardias mínimas”. Esto derivó en que a lo largo de estos dos meses se hayan ido acumulando todas aquellas cirugías a las que se denomina “programadas”.

La Provincia de Buenos Aires está proponiendo un incremento que representa un 50,90% cuando en paritarias se llega al 44,6%, es decir que nuevamente supera los aumentos del resto de los profesionales de la salud, sin embargo, continúan discutiendo otras cuestiones del convenio como la recisión sin causa o la posibilidad de que un residente pueda suplir la ausencia del anestesiólogo profesional.

Conclusiones: Sería importante que para el próximo 17 de febrero los anestesiólogos hayan aceptado la firma del convenio propuesto por la Provincia de Buenos Aires y se regularice la situación de la prestación de servicio de cirugía tanto para urgencias como para cirugías programadas y que, en caso de no llegar a un acuerdo, la justicia vuelva a decretar la prórroga de la plena vigencia del convenio anterior tanto para urgencias y emergencias como para cirugías programadas.

Y, por último, es indispensable que, tanto en la legislatura nacional como en la provincial, se acelere el tratamiento de una ley que garantice la formación de recurso humano y la seguridad en la prestación de salud y ponga freno a las prácticas corporativas y extorsivas a las que, hace años, se ve sometida la población de todo el país.

María Inés Laurini - Concejal Peronismo para el Desarrollo Local -  FRENTE DE TODOS

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