Procesan al titular de un frigorífico por contaminación  ambiental

En una resolución de fuerte impacto institucional, el Juzgado Federal N° 1 de Azul dispuso el procesamiento del presidente del frigorífico Absolon S.A., en el marco de una causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales en el Río Salado. La medida constituye un hecho significativo en la persecución penal de delitos ambientales en la región, al considerar acreditado —con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal— la existencia de una conducta sistemática de contaminación con potencial riesgo para la salud pública y el ambiente.
El fallo adquiere especial relevancia al tratarse del segundo procesamiento de estas características dictado en el país por impulso de la Justicia Federal de Azul, tras el antecedente reciente en la causa que involucró al frigorífico La Canaria. Ambos casos evidencian una línea de acción sostenida frente a este tipo de delitos y marcan un cambio de paradigma en materia ambiental, donde estas conductas dejan de ser consideradas meras infracciones administrativas para adquirir dimensión penal.

La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), luego de detectarse el vuelco de líquidos de aspecto rojizo en cercanías del establecimiento ubicado en Roque Pérez. A lo largo del expediente, se incorporaron múltiples pruebas técnicas, inspecciones y análisis de laboratorio que evidenciaron la presencia de parámetros contaminantes por encima de los límites legales, incluyendo sustancias potencialmente peligrosas.

Según consta en la causa, los efluentes eran descargados hacia un canal aliviador con destino final en el Río Salado, comprometiendo de manera directa este recurso hídrico clave para la región. En ese sentido, la resolución judicial pone énfasis en la reiteración de la conducta infractora, señalando que las irregularidades fueron constatadas en diversas oportunidades entre los años 2023 y 2025, incluso pese a clausuras, sanciones y órdenes de cese dispuestas por la Autoridad del Agua.

En este contexto, el juez interviniente entendió que los hechos exceden ampliamente el ámbito administrativo, configurando —prima facie— el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051.

La causa contó con la intervención del Ministerio Público Fiscal, con la participación de los fiscales federales Santiago Eyherabide, María José Buglione y Lucas Moyano, quienes impulsaron la investigación y sostuvieron la imputación en base a la prueba técnica reunida.

Asimismo, el fallo subraya la importancia del Río Salado como recurso estratégico para la provincia de Buenos Aires, destacando que su afectación implica un riesgo no solo ambiental, sino también productivo y sanitario, lo que refuerza la necesidad de una respuesta penal eficaz.

Este nuevo procesamiento consolida una tendencia creciente en la Justicia Federal de Azul, orientada a avanzar en la responsabilidad penal de directivos empresariales por daños ambientales, y podría sentar un precedente relevante en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en la Argentina.