Para el uso de las piletas municipales.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió una resolución en la que responsabiliza económicamente a dos ex integrantes del Consejo Escolar de Azul por irregularidades detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2023.
La medida recae sobre Pablo Cúpparo, quien en ese período se desempeñaba como presidente del organismo y actualmente ocupa el cargo de vocal, y sobre José Ignacio Gauna, tesorero hasta diciembre pasado. Ambos deberán afrontar de manera solidaria el pago de una suma que supera los 60 millones de pesos, con un plazo de 90 días para regularizar la situación.
El fallo, fechado el 21 de agosto y firmado por los miembros del Tribunal Juan Pablo Peredo, Gustavo Eduardo Diez, Daniel Carlos Chillo, Ariel Héctor Pietronave y Federico Gastón Thea, sostiene que los funcionarios públicos son responsables de la correcta administración de los fondos y deben responder por perjuicios ocasionados, ya sea por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Entre los puntos cuestionados, se observaron contrataciones reiteradas en rubros como limpieza de tanques, reparación de techos y servicios de desinfección en un mismo establecimiento escolar en lapsos muy cortos, sin constancias de pedidos formales ni documentación que acredite la efectiva prestación de los servicios.
También se señaló que la documentación contable no estaba disponible para la totalidad de las autoridades del Consejo Escolar, ya que, según declaraciones de la secretaria y el vicepresidente de entonces, el archivo se encontraba bajo exclusiva custodia del presidente Cúpparo.
En paralelo, el organismo de control dejó pendiente un pronunciamiento respecto de compras de calefactores por más de 10 millones de pesos, sobre las cuales se hará “reserva del caso” para un fallo posterior.
El dictamen resolvió desaprobar diversos egresos, con la formulación de cargos por más de 50 millones de pesos más intereses, además de otros montos parciales que en conjunto elevan la suma final a 60.032.997 de pesos.
Asimismo, se detectaron falencias en la administración del Fondo Compensador, debido a que los pagos no estaban respaldados por solicitudes de las autoridades escolares ni por constancias de recepción firmadas, además de no haber sido informados ante la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.
El Tribunal de Cuentas continúa evaluando otros aspectos financieros del Consejo Escolar, por lo que no se descartan nuevas resoluciones en el futuro.
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