Primera devolución de criptoactivos en el Departamento Judicial de Azul

El caso marca un hito en la lucha contra el cibercrimen en la provincia de Buenos Aires.

Información general15/06/2025NdANdA

La UFI N.º 22, a cargo del fiscal Dr. Lucas Moyano, logró incautar y restituir criptomonedas sustraídas mediante una estafa informática.

En un hecho sin precedentes para el Departamento Judicial de Azul, la UFI N.º 22, a cargo del Dr. Moyano, logró realizar la primera devolución de criptoactivos a una víctima de defraudación informática, luego de una compleja investigación técnica y legal. La causa contó con la colaboración clave del instructor contador Roberto Terrile, especializado en trazabilidad financiera.

La investigación comenzó en julio de 2023 tras una denuncia radicada en la ciudad de Tandil. La víctima reportó el robo de sus credenciales de acceso al Home Banking, lo que permitió a una organización delictiva sustraerle aproximadamente 1.800.000 pesos. El dinero fue rápidamente transferido a diversas billeteras virtuales controladas por los delincuentes y convertido en criptomonedas, específicamente tokens USDT, con el fin de dificultar el rastreo de los fondos.

A través de un meticuloso trabajo de análisis forense sobre blockchain (“on-chain”), el equipo investigador logró:
 • Identificar las wallets involucradas vinculadas a los imputados.
 • Congelar los activos digitales hallados en una de esas billeteras.
 • Incautar las criptomonedas y transferirlas a una wallet de autocustodia administrada por personal de la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA).
 • Efectuar la devolución de los criptoactivos a través de una transferencia directa a una wallet creada por la víctima.

Este procedimiento no solo permitió el recupero de activos virtuales sino que también sienta un precedente fundamental para el abordaje judicial de delitos financieros digitales. La restitución marca un cierre completo del ciclo de trazabilidad de fondos, desde su sustracción hasta su devolución, utilizando herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito penal.

“Consideramos que este es el camino a seguir en la lucha contra el cibercrimen. El recupero de activos debe transformarse en una práctica habitual, no solo para sancionar delitos sino para reparar el daño económico a las víctimas”, afirmó el fiscal Lucas Moyano.

Este caso inaugura una etapa en la que la tecnología y la justicia se combinan para enfrentar nuevos desafíos delictivos, y representa un avance sustancial en la protección de los derechos de las personas en el entorno digital.

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