Indignante: Corredores Viales y Vialidad Nacional negaron el abandono del tramo de la Ruta 3 entre Azul y Cacharí

La acción de amparo impulsada por la Municipalidad de Azul por el crítico estado de la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Azul con Cacharí, sumó dos respuestas judiciales de fuerte tenor por parte de Corredores Viales S.A. y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Ambos organismos rechazaron de manera categórica la existencia de abandono, negaron un deterioro significativo de la traza y cuestionaron la legitimación legal del intendente para accionar en representación de los vecinos.

El expediente se tramita ante el Juzgado a cargo del juez Martín Bava, quien oportunamente rechazó una medida cautelar solicitada por el Municipio, aunque sin cerrar el análisis de fondo de la cuestión, que continúa en curso.

Un escrito de tono inusualmente agresivo

La presentación de Corredores Viales S.A., empresa estatal concesionaria del tramo de la RN 3 y que cuenta entre sus funcionarios al exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, elevó el conflicto a un nivel inesperado. En un escrito extenso y de tono inusualmente agresivo, la empresa negó el abandono del corredor, cuestionó la legitimación del jefe comunal y acusó al gobierno local de manipular información y exagerar la siniestralidad vial.

Llama especialmente la atención que, pese a tratarse de un exintendente de la región, se desconozca el estado calamitoso que presenta la traza, visible para cualquier usuario habitual del corredor.

Según Corredores Viales, la Municipalidad de Azul “carece de legitimación activa” para promover la acción de amparo, al no existir —según sostiene— mandato expreso ni autorización del Concejo Deliberante para litigar en nombre de los vecinos. El escrito afirma que el intendente no sería titular de los derechos invocados ni estaría habilitado para representar intereses colectivos en este caso.

La respuesta judicial está firmada por Juan Matías McCormick, apoderado de Corredores Viales S.A., con el patrocinio letrado del Dr. Juan Carlos Mac Donnell.

Descalificación de pruebas y negación del deterioro

Uno de los ejes centrales de la presentación es la descalificación de las pruebas aportadas por el Ejecutivo municipal, a las que califica como “informes autogestionados”, carentes de rigor técnico y sin metodología verificable. En ese marco, impugna estadísticas, comunicaciones internas y hasta notas periodísticas citadas por el Municipio, al considerar que no tienen valor probatorio, evidenciando —según se desprende del caso— un profundo desconocimiento de los siniestros viales ocurridos en la jurisdicción.

Respecto del estado de la ruta, Corredores Viales sostiene de manera categórica: “No existe, haya existido o subsista estado de abandono, falta de mantenimiento, deterioro estructural, peligrosidad o intransitabilidad atribuible a esta parte”, en abierta contradicción con lo planteado en la demanda municipal y con la realidad que denuncian vecinos y usuarios.

La cuestión de los siniestros

El capítulo más sensible del escrito refiere a los accidentes viales. Mientras el Municipio denuncia una elevada siniestralidad y muertes asociadas al mal estado de la calzada, la empresa reduce el problema a 11 siniestros en el tramo cuestionado y asegura que solo uno habría estado vinculado a la presencia de un pozo. Además, reprocha que el intendente “no fue capaz siquiera de referir a un siniestro en particular”.

Corredores Viales también pone en duda la relación directa entre los accidentes y el estado de la ruta, atribuyéndolos a factores como negligencia, impericia o imprudencia de los conductores, o al mal estado de los vehículos.

Uno de los pasajes más polémicos del escrito advierte que admitir el planteo municipal podría derivar en una “cuasi dictadura municipal”, donde cualquier intendente estaría habilitado a reclamar judicialmente políticas públicas nacionales, sin límites ni competencia legal.

La empresa, además, se desliga de varias de las obligaciones reclamadas y apunta a la Dirección Nacional de Vialidad como responsable de obras estructurales, planificación y demarcación, señalando que su rol se limita al mantenimiento dentro del marco concesionado. Finalmente, sostiene que la vía del amparo es improcedente y que el reclamo requiere un debate técnico incompatible con un proceso sumarísimo.

La presentación de Vialidad Nacional

En el mismo expediente, la Dirección Nacional de Vialidad presentó un escrito de más de 20 páginas en el que también negó de manera absoluta cualquier situación de abandono, deterioro grave o responsabilidad estatal sobre el tramo de la Ruta Nacional N° 3 que atraviesa el Partido de Azul.

La presentación, firmada por Daniela Paula Borghini en representación de la DNV, sostiene: “Niego terminantemente que la Dirección Nacional de Vialidad haya decidido el abandono y la falta de servicios de la Ruta Nacional N° 3”, rechazando además la existencia de problemas de señalización, banquinas en mal estado o riesgos permanentes para los usuarios.

Uno de los puntos más controvertidos es el cuestionamiento a la existencia de muertes y accidentes. Según Vialidad, el Municipio no acreditó ningún siniestro concreto ni fallecimientos, limitándose —afirman— a afirmaciones generales sin respaldo documental.

Al igual que Corredores Viales, la DNV atribuye los accidentes a la imprudencia de los conductores, al estado de los vehículos o a la falta de controles de otros organismos, y remarca que no tiene injerencia en el control del uso del corredor, función que asigna a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fuerzas provinciales y autoridades municipales.

Vialidad Nacional también negó la legitimación de la Municipalidad de Azul para accionar en defensa de supuestos intereses colectivos, económicos o sanitarios vinculados al tránsito por la RN 3. Rechazó que se hayan probado mayores costos de transporte, afectación del comercio local o perjuicios al sistema de salud municipal.

Asimismo, el organismo se esforzó por deslindar responsabilidades operativas, recordando que el tramo se encuentra concesionado y que las tareas de mantenimiento están, o estuvieron, a cargo de empresas privadas, mientras la DNV cumple funciones de supervisión y control.

El tono del escrito adquiere un marcado contenido político al advertir que el uso de la acción de amparo podría llevar a que el Poder Judicial termine definiendo políticas públicas de infraestructura vial, invadiendo competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.

Finalmente, la Dirección Nacional de Vialidad solicitó el rechazo total de la demanda, con expresa imposición de costas a la Municipalidad de Azul, al considerar que no existe arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta.

El conflicto, lejos de cerrarse, quedó formalmente planteado en términos jurídicos y políticos, con un cruce de acusaciones que anticipa nuevos capítulos y mantiene en máxima tensión la relación entre el gobierno local y el esquema vial nacional, mientras los vecinos continúan reclamando por una ruta que consideran peligrosa y abandonada.

En tanto los organismos responsables acumulan respuestas judiciales y niegan el abandono, la Ruta 3 continúa en un estado calamitoso: solo haría falta transitarla para comprobar la gravedad de la situación y avanzar, de una vez, en su arreglo y mantenimiento.