Estas acciones buscan fomentar celebraciones más respetuosas con la comunidad.
Desde Unión por la Patria Azul expresamos nuestra profunda preocupación y el más enérgico repudio al “mega DNU” firmado por el Presidente Javier Milei, mediante el que plantea la derogación de 300 leyes nacionales y la modificación de otras tanta.
Bajo el título “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” por Cadena Nacional, se comunicaron una gran cantidad de medidas que atentan contra la recuperación económica, el desarrollo, la generación de empleo y el bienestar para las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Este “Mega DNU” significa un feroz ajuste sobre la sociedad argentina y un desplazamiento brutal de las atribuciones del Congreso de la Nación.
La derogación de semejante cantidad de leyes mediante un DNU es una clara actitud autoritaria, antidemocrática, inconstitucional y antirrepublicana que vulnera la división de poderes, establecida por la Constitución Nacional y, a pocos días de haberse conmemorado los cuarenta años de Democracia, nos retrotrae a los peores tiempos de nuestra historia.
Entre las leyes que Milei pretende derogar se encuentran la Ley de Alquileres, la Ley de Promoción Industrial, la Ley de Tierras, la de Abastecimiento, la que impide la privatización de las Empresas Públicas, la del régimen de sociedades del Estado, la Ley de Góndolas, la Ley del Fuego, la de la Industria Satelital.
Este conjunto de medidas impone un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental.
La privatización de las Empresas Públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional.
La pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo.
Este acto representa la clausura del Congreso y una arrogación de la tarea legislativa por parte del Poder Ejecutivo; es decir, un brutal avasallamiento de las facultades del Parlamento Nacional.
La Corte Suprema ha resuelto en contra del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, cuando con ellos se buscar elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto cercenando las competencias legislativas.
Rechazamos este accionar que vulnera la vida democrática e instamos a defender a la República, la división de Poderes y la democracia que tanto costó recuperar.
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