El Ejecutivo vuelve a prorrogar la emergencia económica y crecen los cuestionamientos por la falencia en los servicios

El intendente de Azul, Nelson Sombra, firmó un nuevo decreto (número 1508) que extiende la emergencia administrativa, económica y financiera, vigente desde 2024, y mantiene medidas como el congelamiento de salarios municipales. Aunque desde el Ejecutivo se destaca una reducción del déficit, persisten fuertes dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos y la falta de mejoras visibles en la calidad de los servicios públicos.

Según los números oficiales, el déficit municipal que al cierre de 2024 ascendía a $4.486 millones (ajustado a valores actuales) se redujo a $3.122 millones al 31 de agosto de este año. El Ejecutivo atribuye esta disminución a la implementación de un programa de ajuste y optimización del gasto, que, de acuerdo con el decreto, permitió “garantizar servicios esenciales y cumplir con el pago de salarios”.

Sin embargo, la realidad que describen los vecinos dista de ese relato. Áreas claves donde la comunidad exige mayor presencia municipal siguen mostrando falencias, y varios servicios tercerizados continúan funcionando con recortes e irregularidades. Esto alimenta la sospecha de que los fondos ahorrados no se destinan a las prioridades anunciadas y que el ajuste se limita a recortar sin mejorar la eficiencia ni la calidad de la gestión.

El decreto también responsabiliza al Concejo Deliberante por no haber acompañado con actualizaciones impositivas acordes a la demanda de recursos —como si no existiera representación oficialista— y al contexto nacional por la caída de la coparticipación. No pasa inadvertido que la crítica a la gestión de Milei por su política de ajuste convive con la aplicación de una receta similar a nivel local.

A diferencia de lo dispuesto en decretos anteriores, esta nueva prórroga no establece una fecha de finalización. Este detalle genera aún más preocupación, ya que plantea la posibilidad de que la emergencia se perpetúe indefinidamente, transformándose en un estado permanente que habilite al Ejecutivo a gobernar bajo la excusa del ajuste sin plazos claros.

La medida, vigente desde el 1° de septiembre de 2025, mantiene la mayoría de las disposiciones originales de la emergencia dictada en 2024. Mientras tanto, los azuleños se preguntan hasta cuándo se extenderá este estado excepcional y si alguna vez los sacrificios impuestos por el ajuste se verán reflejados en servicios eficientes y en una gestión más transparente de los recursos públicos.