Celulares en cárceles: impulsan restringir el acceso a internet

El especialista en cibercrimen, evidencia digital y docente universitario Lucas Moyano presentó un informe técnico-jurídico que sirvió de base para un proyecto impulsado por el concejal de Junín, Leo Julia, con el objetivo de restringir el uso de teléfonos celulares con acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Según explicó Moyano, la autorización para utilizar estos dispositivos fue una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones sanitarias impedían las visitas presenciales. El informe recuerda que esa habilitación surgió de un habeas corpus colectivo resuelto por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y que el protocolo establecía que tendría vigencia únicamente mientras duraran el aislamiento y las limitaciones a la circulación.
El documento sostiene que, una vez finalizada la emergencia sanitaria y restablecido el régimen normal de visitas, el uso de celulares con conexión a internet perdió su fundamento original y, en la práctica, pasó a facilitar la comisión de distintos delitos desde el interior de las cárceles.

Entre los argumentos expuestos, el especialista afirma que el Servicio Penitenciario no cuenta con herramientas técnicas ni facultades suficientes para controlar de manera efectiva el uso de los dispositivos sin afectar derechos constitucionales vinculados a la privacidad. Además, señala que en diversas investigaciones se detectaron teléfonos con tarjetas SIM distintas de las registradas oficialmente, lo que dificulta la trazabilidad y el avance de las investigaciones judiciales.

Desde el punto de vista jurídico, el informe cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sostener que los derechos individuales no son absolutos y deben armonizarse con el derecho de la sociedad a la seguridad.

Como alternativa, propone reemplazar los teléfonos celulares por “Centros de Comunicación” supervisados, con telefonía fija o terminales cerradas que permitan mantener el contacto de los internos con sus familias sin acceso libre a internet. También plantea instalar inhibidores de señal en los perímetros de las unidades penitenciarias para impedir el uso de redes móviles y datos.

El informe fue presentado al concejal Leo Julia, quien impulsó un proyecto de comunicación dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la revisión del protocolo vigente y avanzar hacia un sistema de comunicación supervisada.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Junín y será remitida a todos los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires para su tratamiento.