No hubo que lamentar heridos.
La querella apeló la decisión del Ministerio Público Fiscal y pidió el control de legalidad ante la Justicia de Garantías. Sostienen que no se agotaron medidas de prueba y cuestionan el tratamiento judicial del caso.
La decisión de archivar una investigación por presunto abuso sexual infantil en Tandil generó cuestionamientos por parte de la querella y volvió a poner en debate el abordaje judicial de las denuncias por delitos contra la integridad sexual de menores.
La causa fue iniciada el 27 de noviembre de 2024 tras la denuncia presentada por la madre de una niña de 10 años. Según consta en el expediente, la menor habría relatado distintos episodios ocurridos en el domicilio de un vecino de la familia, que justamente es funcionario judicial.
En el marco de la investigación se realizó un adelantamiento extraordinario de prueba que incluyó una Cámara Gesell y una pericia psicológica oficial. De acuerdo con el abogado de la familia, Dr. Mario Carricart, ambas evaluaciones concluyeron que el relato de la menor presentaba indicadores de credibilidad y ausencia de fabulación.
Sin embargo, el 24 de febrero de 2026 el fiscal de la UFIJ N°24 de Tandil, Dr. José Ignacio Calonje, resolvió archivar la Investigación Penal Preparatoria. Posteriormente, la medida fue confirmada el 30 de abril por el Fiscal General del Departamento Judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino.
La querella impugnó la resolución al considerar que durante la instrucción no se agotaron distintas medidas de prueba solicitadas oportunamente, entre ellas allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, nuevas pericias y ampliaciones testimoniales.
Carricart sostuvo además que las resoluciones judiciales “desconocen estándares de debida diligencia reforzada previstos para casos de violencia sexual infantil” y cuestionó los fundamentos utilizados para desestimar la continuidad de la investigación.
Según explicó el letrado, la menor habría señalado en Cámara Gesell que el denunciado mantenía una relación de cercanía con la familia y que, aprovechando situaciones de confianza, le exhibía sus partes íntimas en reiteradas oportunidades.
El abogado también señaló que el fiscal interviniente mantendría una relación de afinidad con el denunciado, situación que —a criterio de la querella— comprometería la objetividad requerida en este tipo de investigaciones.
Asimismo, cuestionó que se haya dado mayor relevancia a testimonios indirectos que a las conclusiones de los profesionales que realizaron las pericias psicológicas oficiales.
Actualmente, la familia de la menor presentó ante la jueza de Garantías un pedido de control de legalidad para que se revise la decisión de archivar la causa.
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