Amplían la investigación por una red de venta de cocaína en cárceles bonaerenses

La Justicia Federal de Azul dio un nuevo paso en la investigación por una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes dentro de las unidades penitenciarias N°2 de Sierra Chica y N°32 de Florencio Varela. La fiscalía solicitó la detención e indagatoria de cuatro nuevas personas y la ampliación de la imputación de otras seis, al considerar que formaban parte de una estructura criminal que operó entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La medida fue impulsada por la fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, María José Buglione, y la fiscal general subrogante de PROCUNAR, Patricia Cisnero, quienes sostienen que la organización abastecía de cocaína y marihuana a internos para su posterior venta dentro de los penales.

Según la investigación, ya son diez los imputados que habrían integrado la banda. Tres de las cuatro personas cuya detención fue solicitada se encuentran actualmente alojadas en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.

La investigación

El expediente se inició en mayo de 2024 a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en otra causa. Allí se detectó una conversación en la que un interno de Sierra Chica negociaba la compra de droga mediante una transferencia realizada a través de Mercado Pago.
Desde entonces, la fiscalía reconstruyó la estructura de la organización mediante el análisis de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios, información del Servicio Penitenciario Bonaerense, testimonios y allanamientos realizados en domicilios y celdas.

En septiembre de 2025 se secuestraron casi 900 gramos de cocaína, más de medio kilo de marihuana, teléfonos celulares y documentación considerada clave para la causa.

Movimientos millonarios

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue el análisis financiero realizado por la Dirección General de Análisis Criminal (DAC), que detectó movimientos de dinero por cifras millonarias.

De acuerdo con los informes incorporados al expediente, uno de los principales investigados registró ingresos superiores a 235 millones de pesos entre abril de 2024 y abril de 2025, además de transferencias por más de 152 millones, pese a permanecer detenido durante ese período y no registrar actividad económica formal.

Para la fiscalía, estos movimientos, sumados a las comunicaciones intervenidas, demuestran que la organización utilizaba cuentas de terceros para cobrar las ventas de droga y distribuir el dinero, dificultando el rastreo de los fondos.

Nuevos hechos

La pesquisa logró identificar 19 hechos concretos vinculados con la venta, ingreso y distribución de estupefacientes dentro de las cárceles, además de nuevos integrantes que actuaban como distribuidores en los pabellones.

Los investigadores también detectaron conversaciones en las que se coordinaba el ingreso de droga a través de visitas y su posterior comercialización entre los internos. En algunos mensajes, los pagos aparecían asociados a expresiones como “la fruta” y “remís”, términos que, según la acusación, eran utilizados como códigos para referirse a la droga y su traslado.

Ahora será el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, quien deberá resolver sobre los pedidos de nuevas indagatorias y la ampliación de las imputaciones, mientras la investigación continúa avanzando sobre la presunta organización dedicada al narcotráfico intracarcelario.