NdAEl Auxiliar Fiscal Federal de Azul, Lucas Moyano, planteó la necesidad de revisar el uso de teléfonos celulares con conexión a internet dentro de las cárceles bonaerenses y sostuvo que el derecho a la educación puede garantizarse mediante aulas informáticas con redes fijas, monitoreadas y con acceso restringido a contenidos educativos.
La propuesta abrió un fuerte debate en distintos sectores vinculados a la Justicia y a la Universidad.
Moyano cuestionó el actual esquema de conectividad móvil individual dentro de los pabellones y señaló que existen alternativas para garantizar el acceso a la educación sin necesidad de permitir teléfonos con conexión a internet de manera individual.
En ese sentido, planteó la posibilidad de implementar aulas informáticas con redes fijas, monitoreadas e Intranet/Internet restringido a portales educativos.
El planteo se vincula con un proyecto que busca avanzar hacia la prohibición de los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Pagliere: “Es una vergüenza que haya 50 mil celulares en las cárceles bonaerenses”
El juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere, respaldó la iniciativa y sostuvo que los teléfonos celulares son utilizados desde las unidades penitenciarias para organizar estafas, extorsiones virtuales, narcotráfico y otros delitos.
Pagliere, junto al doctor Oscar Lieberman y la doctora Arroyo Salgado, impulsa un proyecto legislativo para prohibir los celulares dentro de las cárceles bonaerenses.
“Es una vergüenza que haya 50 mil celulares en las cárceles bonaerenses funcionando como un call center del delito”, afirmó.
El magistrado sostuvo que hablar de “apagón digital” implica desviar el eje de la discusión.
“Hoy las cárceles se han transformado en un verdadero call center del delito”, afirmó, y remarcó que la propuesta no busca eliminar el derecho a la educación sino impedir que la conectividad móvil individual sea utilizada para cometer delitos.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el dato de que menos del 1% de los celulares registrados para uso de personas detenidas habría sido vinculado con investigaciones penales por ciberdelitos.
Desde esta postura advierten que ese porcentaje no necesariamente refleja la magnitud real del problema, debido a que muchos dispositivos pueden cambiar de manos, ser destruidos o utilizar diferentes tarjetas SIM antes de ser identificados por las autoridades.
Además, sostienen que un solo teléfono puede ser utilizado para concretar numerosas estafas o extorsiones.
La respuesta de la UNICEN
Distintos espacios de la UNICENcuestionaron el proyecto y calificaron como una “lectura simplista” la idea de prohibir los celulares y eliminar el esquema de conectividad vigente.
El Núcleo de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles (ESADyC-UNICEN), el Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE-FACSO), la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, el Proyecto Arte en Cárceles de la Facultad de Arte y la cátedra Derecho Penal de la Facultad de Derecho difundieron un documento titulado “Cárceles conectadas o cárceles a ciegas: el peligro de combatir el ciberdelito con slogans”.
Los sectores universitarios sostienen que eliminar la telefonía regulada podría tener el efecto contrario al buscado: quitaría trazabilidad a los dispositivos y favorecería un mercado negro clandestino.
También remarcaron que la normativa actual contempla el empadronamiento obligatorio del titular, la tarjeta SIM y el código IMEI de cada teléfono.
En materia educativa, señalaron que el celular constituye una herramienta fundamental para las personas privadas de la libertad que cursan carreras universitarias.
Según los datos incluidos en el comunicado, el 84% utiliza sus propios datos móviles para generar conectividad Wi-Fi para las computadoras de las aulas, mientras que cerca del 70% asegura que sin el celular no podría sostener sus estudios universitarios.
La UNICEN también cuestionó la utilización de inhibidores de señal y advirtió sobre posibles efectos sobre las comunicaciones de quienes viven en las inmediaciones de las cárceles.
El debate queda así planteado entre quienes consideran que la conectividad móvil dentro de las cárceles representa una herramienta que debe ser reemplazada por sistemas controlados y quienes sostienen que una prohibición total podría generar más clandestinidad y afectar derechos educativos.
En el centro de la discusión aparece una pregunta: ¿cómo combatir el ciberdelito desde las cárceles sin afectar el derecho a la educación y, al mismo tiempo, garantizar controles efectivos sobre los dispositivos?
