Atendiendo al desarrollo de los acontecimientos que hemos debido transitar, que comenzaron la noche del 24 de febrero de 2019 y desde entonces nos han colocado en el centro de una tragedia irreversible, consideramos que es el momento de hablar como familia de nuestro hijo y hermano Santiago Luetken y Ferrari, quien acaba de ser condenado en primera instancia a cuatro años de prisión efectiva por el accidente de tránsito que es de público conocimiento.
Esta condena de la justicia es, apenas, un emergente de la que a priori, y en forma sistemática, se ha venido construyendo y alimentando en la opinión pública desde el minuto uno de la tragedia. Una tragedia que nos abarca en la mitad del daño que se produjo, porque parece que no se tiene en cuenta que en el accidente murieron también nuestra madre y abuela, nuestro hermano y tío. A ellos se los ha considerado sólo a los fines estadísticos, como si su pérdida no hubiera producido el mismo dolor que en quienes salieron a compartir el suyo públicamente, en los medios y en las redes sociales, creando tendencia y forzando la opinión pública de manera condenatoria, sin dar la más mínima posibilidad de descargo o expresión. 
No negamos el dolor de las otras dos familias. Lo compartimos. No obstante, el camino elegido para sobrellevarlo nos distancia irremisiblemente. No creemos que la aplicación de una condena ejemplar, que ponga a Santiago en la cárcel, sirva para devolvernos a cada uno a estos seres queridos que perdimos en el accidente. Porque eso fue: ¡un accidente! En la elaboración del duelo que todos estamos atravesando, sentimos que el camino elegido por las familias de Micaela y Guillermina se ha sostenido en una estrategia consistente en canalizar a través de las redes sociales este dolor, tiñendo de una subjetividad parcial el curso de los hechos, que se sostuvo básicamente en considerar a Santiago como si fuera un asesino, alguien que voluntariamente hubiera querido provocar esta consecuencia fatal. Ese enfoque tiene mucho más de sed de venganza que de reclamo de justicia. La instalación de un criterio, de una versión unilateral en la sociedad azuleña ha posibilitado que la opinión pública tomase partido de manera parcial, hasta lograr instalar una condena social que barajó de antemano las cartas de la justicia. Un error de nuestra parte fue mantenernos callados durante todo ese proceso, soportar estoicamente esta estrategia de inclinar la balanza, muchas veces trascendiendo el dolor en sí mismo e instalando arbitrariedades y mentiras que, por prudencia, no quisimos rebatir. Sumado a nuestro dolor, a la doble pérdida de nuestros seres queridos, fuimos víctimas de difamaciones que trascendieron hasta involucrar, inclusive, en esos argumentos falaces nuestros espacios de desempeño laboral. Creemos, en este punto, que ha llegado el momento de rebatirlos de manera puntual.

• El 11 de febrero de 2019 iniciamos el pedido de adopción paterna de Catalina y Santiago, que implica el cambio de apellido. Un proceso largo, voluntario, que forma parte de decisiones tomadas en el ámbito familiar. Nada tuvo que ver con el accidente ocurrido dicha decisión, basada en el derecho a elegir la identidad. La primera mentira que se instaló fue que el cambio de apellido fue una estrategia para evadir la justicia, pues Santiago estuvo siempre sometido a derecho.

• Producto de esta sistemática condena social, Santiago comenzó a ser perseguido y amenazado en redes sociales y personalmente por la madre y las hermanas de Micaela. Se le tomaron fotografías cuando caminaba por la calle, las cuales se subieron luego a las redes, con el rótulo de “asesino”; Santiago debió escuchar cara a cara que lo iban a “abrir de lado a lado”, incluso ante la presencia de sus amigos. Esta situación fue presentada en el juicio por uno de los testigos. Como consecuencia de esto, y para resguardar la integridad física y emocional de Santiago, desde la familia entendimos que debía irse de la ciudad. Aún a cuenta de sufrir el desarraigo en el marco de un proceso de duelo.

• Con absoluta arbitrariedad se sostuvo la falacia de que somos “gente con plata y con poder” al punto de poder cambiar el fiscal o de “comprar” influencias con dinero conseguido a través de una institución educativa para que Santiago se fuera del país. A ninguna de estas mentiras se respondió de nuestro lado, justamente por empatizar con ese dolor. Creímos que no era necesario denunciar penalmente las mismas; hoy creemos que nos equivocamos.

• Hemos sentido también profundo dolor por el papel que desempeñaron los medios de comunicación locales y el manejo arbitrario, parcializado, que muchas veces hicieron de la noticia. Nunca nos consultaron ni dieron lugar a poder dar nuestra versión de los hechos. Jamás se tuvo en cuenta nuestro dolor ni el fallecimiento de Olga y de Flavio. No tuvimos una posibilidad de decir quién es Santiago, quién fue como estudiante, quién es como trabajador y como ciudadano. Para que nos den hoy voz, consideramos que ya es tarde.

• Se “fogoneó” su culpabilidad con rótulos confusos, intentando asociar el accidente con el concepto de femicidio, deslegitimando y corriendo de eje la lucha feminista. Se montaron escenas intimidatorias en cada una de las instancias de la instrucción del proceso judicial. Y nosotros, por respeto y empatía, soportamos y callamos. Sin dudas, hoy entendemos también que nos equivocamos. 

El dolor no es un sentimiento que puede mensurarse en términos de competencia, no admite lugar a afirmar quién es más o menos padeciente. El dolor simplemente duele; no se disipa desde el odio. Hacer justicia no se equipara con sed de venganza. Por ello seguiremos apelando a que sea la propia justicia quien revise su sentencia.