Laurini presentó un proyecto para exigir mayor claridad en las facturas de gas y cuestionó el traslado de costos tributarios a los usuarios

La senadora provincial azuleña Inés Laurini presentó un proyecto en el Senado bonaerense en el que expresa su preocupación por la forma en que se presentan determinados conceptos en las facturas del servicio de gas natural y reclama mayor transparencia en la información que reciben los usuarios.

La iniciativa fue impulsada luego de la polémica generada por las declaraciones del concejal local de La Libertad Avanza, Ignacio Furiasse, sobre los conceptos incluidos en las facturas de gas. Según explicó la legisladora, el proyecto busca aportar claridad a un debate que, a su entender, se está desarrollando sobre interpretaciones erróneas acerca del origen de esos cargos.

En ese sentido, Laurini sostuvo que “lo deshonesto es que la empresa traslade sus costos tributarios a los usuarios”. Sin embargo, aclaró que ello no implica la creación de nuevos impuestos. “No se crearon nuevos tributos. Lo que ocurre es que se trasladan costos tributarios ya existentes, y eso genera una sensación equivocada cuando se escucha que se responsabiliza a los municipios por esos conceptos”, expresó.

La senadora también hizo referencia a las diferencias que existen entre algunos distritos bonaerenses. Explicó que en ciudades como General Alvear la situación sería aún más grave porque, según afirmó, la empresa estaría cobrando un tributo municipal que el municipio no estaría percibiendo. “Si eso es así, no solo existe un problema de transparencia en la facturación, sino también la necesidad de esclarecer cuál es el destino de esos fondos”, planteó.

A través del proyecto, Laurini solicita que las autoridades nacionales competentes, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), los organismos de defensa de usuarios y consumidores y las empresas prestatarias adopten las medidas necesarias para garantizar que cada factura identifique de manera clara, accesible y comprensible:

• La naturaleza jurídica de cada concepto facturado.
• Quién es el sujeto obligado respecto de cada tributo o cargo.
• El fundamento normativo de su incorporación.
• El criterio regulatorio que justifica, en caso de corresponder, su traslado al usuario.

Asimismo, manifiesta la necesidad de revisar con especial rigurosidad los criterios regulatorios que permiten trasladar a los usuarios costos tributarios que recaen sobre empresas prestatarias de servicios públicos que operan bajo condiciones de monopolio, con el objetivo de preservar un adecuado equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la protección de los consumidores.

En los fundamentos, Laurini sostiene que los tributos que hoy aparecen discriminados en las facturas “no son nuevos impuestos ni responden a recientes incrementos municipales”, sino que se trata de gravámenes que desde hace años recaen sobre la actividad de las empresas distribuidoras.

Por ello, considera necesario esclarecer por qué esos conceptos comenzaron a visualizarse de manera diferenciada en la facturación y si ello responde a una obligación regulatoria impuesta por el organismo nacional competente o a una decisión adoptada por las propias empresas distribuidoras.

La legisladora remarca además que la existencia de tributos que gravan la actividad de una empresa concesionaria “no determina automáticamente que deban ser trasladados al usuario”, recordando que las tarifas de los servicios públicos deben contemplar múltiples variables, como los costos eficientes de prestación, las inversiones comprometidas y una rentabilidad razonable, siempre respetando los derechos de los consumidores.

El proyecto también recuerda que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reconocen el derecho de los usuarios a recibir información adecuada, suficiente, veraz y comprensible, principios que también están contemplados en la legislación nacional y provincial de defensa del consumidor.

Finalmente, Laurini sostiene que resulta indispensable que el ENReGE brinde precisiones sobre el marco normativo que autorizó la incorporación de estos conceptos en las facturas, a fin de evitar confusiones, garantizar la transparencia y preservar un debate público basado en información objetiva sobre un servicio esencial que alcanza a millones de bonaerenses.