Laurini elaboró un proyecto para advertir sobre la crisis universitaria y científica en el país

La senadora provincial azuleña, Inés Laurini, presentó el pasado 31 de marzo un proyecto de declaración en el que expresa su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan el sistema universitario público y el sistema científico-tecnológico argentino, en un contexto marcado por recortes presupuestarios y deterioro salarial.
La iniciativa, elevada en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, respalda en todos sus términos los documentos emitidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, elaborados durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores realizado los días 26 y 27 de marzo en la Universidad Nacional de La Pampa.

En esos documentos, las máximas autoridades universitarias declararon la emergencia salarial y presupuestaria del sistema, advirtiendo sobre un escenario de “restricción presupuestaria, deterioro salarial y creciente incertidumbre” que compromete el normal funcionamiento de las casas de estudio y los institutos de investigación.

Entre los datos más relevantes, se señala que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles. En paralelo, el poder adquisitivo de los salarios sufrió una fuerte pérdida: mientras los ingresos aumentaron un 158% en ese período, la inflación acumulada alcanzó el 280%, ubicando los sueldos universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

El informe también advierte sobre el impacto en programas clave, como las Becas Progresar, que habrían sufrido una reducción del 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, lo que representa una caída superior al 95% en términos reales respecto a 2023.

Asimismo, el documento conjunto del CIN y la RAICyT alerta sobre el deterioro de las condiciones de trabajo, la infraestructura y el financiamiento de la investigación, situación que —según sostienen— pone en riesgo la continuidad de las capacidades científico-tecnológicas construidas durante décadas en el país.

En este marco, se exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional y se reclama la urgente convocatoria a paritarias para recomponer los salarios del sector. También se reafirma el compromiso con una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y con un sistema científico robusto y federal.

El proyecto de Laurini cuenta con el acompañamiento de los senadores María Rosa Martínez, Emmanuel González Santalla, Diego Alberto Videla y Evelyn Díaz, y busca sumar respaldo político a nivel provincial frente a una problemática de alcance nacional.

En paralelo, este lunes se conoció que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional intensificarán su presencia en redes sociales para visibilizar el reclamo y exigir al gobierno del presidente Javier Milei el cumplimiento de la normativa vigente y la transferencia de fondos destinados a salarios, becas y funcionamiento.

La campaña se enmarca en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 12 de mayo en todo el país, que ya cuenta con el respaldo de gremios docentes y no docentes, estudiantes, autoridades académicas y diversos sectores sociales y políticos.
Actualmente, según advierten desde el sector, el ajuste sobre las universidades nacionales ronda el 45%, lo que deja a muchas instituciones funcionando con recursos insuficientes y con partidas paralizadas, especialmente en áreas sensibles como la investigación, considerada clave para el desarrollo académico y científico del país.