Santamaría deberá depositar $120 millones para recuperar la libertad

El juez de Garantías Federico Barberena concedió la excarcelación a Rodrigo David Santamaría Martini, ex presidente del GEN Azul y ex prosecretario del Concejo Deliberante, en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por ocho presuntas estafas.
La medida quedó condicionada al pago de una caución real de $120 millones y al cumplimiento de determinadas obligaciones procesales.

La resolución fue dictada este miércoles, luego del pedido presentado por Adriana Hernández, defensora oficial del imputado, quien había solicitado que la excarcelación se otorgara bajo caución juratoria, es decir, mediante el compromiso formal de cumplir con las obligaciones impuestas por la Justicia.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Garantías N.º 2 consideró que esa modalidad no resultaba suficiente, teniendo en cuenta las características de los hechos investigados y el perjuicio económico denunciado.

La caución podrá integrarse mediante un depósito en la cuenta judicial de la causa o a través de la presentación de un inmueble o un automotor perteneciente al imputado, siempre que los bienes estén libres de gravámenes y puedan ser embargados.

Según surge de la resolución, el monto fue establecido en función del perjuicio económico estimado para los ocho denunciantes. El magistrado señaló que las presuntas defraudaciones, en su mayoría realizadas en moneda extranjera, representarían un perjuicio de entre $140 millones y $170 millones, aproximadamente.

La garantía tiene como finalidad asegurar que Santamaría permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso. Por sí misma, no constituye una reparación económica para las personas que denunciaron haber sido damnificadas.

Por lo tanto, la excarcelación no implica una liberación inmediata. Para acceder al beneficio, Santamaría deberá integrar la caución mediante alguna de las modalidades previstas y acreditar que no existen otros impedimentos legales.

La causa continúa en trámite y el imputado conserva su presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.