
Tensión entre Azul y Tandil por el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad
NdAEl caso generó denuncias cruzadas y una investigación judicial. Tandil cuestionó al Municipio de Azul por el traslado de una familia de 11 integrantes, entre ellos cinco menores, que habría sido dejada en la estación de trenes sin coordinación previa. Desde Azul, el secretario de Desarrollo Social, Omar Seoane, negó que haya existido abandono y sostuvo que el viaje respondió a un pedido de la propia familia. Este sábado, además, un padre reclamó públicamente la tenencia de uno de los menores involucrados.
La situación de una familia de 11 integrantes trasladada desde Azul hacia Tandil derivó en una creciente tensión entre ambos municipios, denuncias ante la Justicia y acusaciones cruzadas en torno a la forma en que se concretó el viaje.
El episodio ocurrió el jueves 13 de agosto, cuando el grupo familiar, integrado por adultos y cinco menores de edad, fue trasladado en una combi municipal desde Azul hasta Tandil. Según denunció el Municipio de Tandil, la familia fue dejada en la estación de trenes de esa ciudad sin que previamente se hubiera coordinado su recepción ni garantizado asistencia.
La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, afirmó que trabajadores sociales encontraron al grupo en una situación de extrema vulnerabilidad, con escaso abrigo y sin haber ingerido alimentos durante varias horas. También señaló que las cámaras de seguridad permitieron constatar que el vehículo utilizado pertenecía al Municipio de Azul.
De acuerdo con la funcionaria, tampoco habría existido una comunicación previa entre las autoridades de ambas ciudades para coordinar la llegada de la familia. Marcieri agregó que el grupo tendría una causa judicial activa en Azul y que sobre uno de sus integrantes existiría una medida de custodia policial dinámica, disposición que, según aseguró, desde el Municipio de Azul manifestaron desconocer.
A raíz de la situación, en Tandil se inició de oficio una causa por averiguación de ilícito y se tomaron declaraciones a todos los integrantes del grupo familiar. Además, se informó que uno de los menores llevaba dos días sin recibir su medicación.
Actualmente, la familia permanece alojada provisoriamente en Tandil. Según información difundida posteriormente por el Municipio de Azul, los niños ya se encontrarían escolarizados en esa ciudad y el grupo estaría alojado, por el momento, en una pensión.
La denuncia contra un funcionario de Azul
En paralelo, el concejal de Azul Agustín Puyou presentó el viernes una denuncia contra el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Omar Seoane. La presentación fue realizada alrededor de las 12 en la Fiscalía N.º 24 de Azul, a cargo del fiscal Ignacio Calonje.
Puyou acusó al funcionario de los presuntos delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa quedó radicada en la UFI especializada en Violencia Institucional.
Según explicó el concejal, tomó conocimiento de lo ocurrido a través de audios y videos que le habría enviado Claudio Rapozi, uno de los adultos que integra la familia. Posteriormente, aseguró haber corroborado la situación con un funcionario de Tandil, quien le informó que el grupo familiar también había realizado una presentación judicial en esa ciudad.
El edil sostuvo que la familia reside en el asentamiento “Los Piletones”, ubicado en Villa Piazza Norte, que se encontraba en situación de vulnerabilidad y que venía siendo asistida por el Municipio de Azul.
Puyou afirmó, además, que intentó comunicarse con funcionarios municipales antes de hacer pública la situación y sostuvo que será la Justicia la que deberá determinar las eventuales responsabilidades.
La versión del Municipio de Azul
Seoane rechazó las acusaciones y brindó su propia versión de lo ocurrido. El funcionario aseguró que la familia atravesaba un conflicto intrafamiliar y que sus integrantes habían manifestado expresamente su intención de abandonar Azul para radicarse en Tandil y comenzar una nueva etapa.
Según explicó, los integrantes del grupo señalaron que contaban con trabajo y un lugar donde vivir en Tandil. Desde el área de Desarrollo Social, afirmó, se les informó que tenían a disposición una asignación habitacional en Azul, pero la familia habría insistido en trasladarse.
Ante ese pedido, el Municipio dispuso una combi para realizar el viaje, con el acompañamiento de una trabajadora social y un empleado municipal.
Seoane sostuvo que la intervención municipal concluyó cuando la familia decidió descender en la estación de trenes de Tandil.
“Ellos nos dijeron que querían irse de la ciudad para rehacer su vida, con trabajo y un lugar donde poder vivir”, explicó el funcionario, quien remarcó que el traslado tuvo como objetivo colaborar con la familia.
En ese sentido, negó que haya existido abandono de persona y afirmó que “en ningún momento pasó por nuestra cabeza dejar de lado a una familia que realmente lo necesita”.
También destacó que el área de Desarrollo Social trabaja “las 24 horas, los siete días de la semana” para atender situaciones de vulnerabilidad y manifestó su disposición a aportar toda la información requerida para esclarecer el episodio.
No obstante, desde el Municipio de Tandil se indicó que no se presentó documentación que acreditara que la familia contaba efectivamente con trabajo y alojamiento en esa ciudad. La versión de que el traslado fue solicitado por los propios integrantes del grupo tampoco forma parte de la denuncia presentada por Puyou y deberá ser corroborada en el marco de la investigación.
Puyou ratificó su denuncia
Tras las declaraciones de Seoane, Puyou difundió un video en el que volvió a ratificar su denuncia y compartió audios que, según afirmó, fueron enviados por el padre de la familia.
El concejal insistió en que el grupo fue trasladado hasta Tandil y posteriormente abandonado en la estación de trenes. También señaló que existen presentaciones judiciales realizadas tanto por la familia como por él mismo.
Puyou sostuvo que la denuncia contra Seoane busca que se investigue si existió abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y reiteró que será la Justicia la encargada de establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.
Por su parte, el Municipio de Tandil anunció que enviará una nota formal al intendente de Azul para solicitar explicaciones sobre el traslado y las circunstancias en las que la familia llegó a la ciudad.
El reclamo de un padre por la situación de su hijo
Este sábado se sumó un nuevo capítulo al caso. Renzo Leiva, padre de uno de los menores trasladados, se comunicó para hacer pública su situación y reclamar una pronta intervención judicial.
Leiva aseguró que desde hace meses reclama la posibilidad de trasladar a su hijo a su domicilio y que ya presentó formalmente un pedido ante el juez. Según manifestó, actualmente aguarda una resolución para poder ir a buscar al menor.
“Soy Renzo Leiva, padre de Junior. Ya hice el pedido al juez para poder traer a mi hijo y espero la respuesta para ir a buscarlo”, expresó.
El hombre sostuvo además que lleva meses reclamando por la situación de su hijo y que ya intervinieron tres abogados en su representación.
“Quiero que se sepa que estoy pidiendo a mi hijo desde hace meses. Ya pasaron dos abogados por esta causa y ahora está interviniendo un tercero”, afirmó.
Leiva también manifestó preocupación por el estado emocional del menor y aseguró que actualmente no mantiene contacto con él. Según su relato, existirían situaciones de violencia y el niño permanecería en la calle, circunstancias que, sostuvo, le estarían provocando un grave daño psicológico.
“La madre no me deja verlo ni comunicarme con él. Es muy injusto lo que está pasando. Mi hijo tiene un padre que lo quiere de verdad y espero que la Justicia actúe de inmediato y me permita estar con él para que no siga pasando por estas situaciones”, expresó.
Una investigación que deberá determinar responsabilidades
El caso abrió una disputa institucional entre Azul y Tandil y, al mismo tiempo, puso bajo investigación judicial el accionar de funcionarios públicos y las circunstancias que rodearon el traslado de la familia.
Mientras Tandil sostiene que el grupo llegó en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin una coordinación adecuada, desde Azul aseguran que el Municipio respondió a una solicitud expresa de la familia y que el traslado tuvo como finalidad asistirla ante su decisión de comenzar una nueva vida en otra ciudad.
A estas versiones se suman las denuncias y reclamos formulados por distintos integrantes de la familia y por el concejal Puyou, además del pedido de intervención realizado por Renzo Leiva respecto de su hijo.
Por el momento, no existe una resolución judicial sobre las responsabilidades denunciadas. La investigación deberá establecer cómo se produjo el traslado, qué información conocían las autoridades municipales, si existían medidas judiciales o de protección vigentes y cuáles fueron las condiciones en las que la familia llegó a Tandil.




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