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description: "La discusión por la Ley de Tierras vuelve al centro de la escena."
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# ¿La tierra argentina está en venta? El Congreso debate eliminar los límites a la compra de campos por extranjeros

Este jueves el Congreso Nacional volverá a debatir un tema que trasciende el mercado inmobiliario y abre una discusión de fondo sobre la soberanía, los recursos naturales y el futuro del territorio argentino: la posible modificación del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional propone modificar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es eliminar restricciones para atraer inversiones y brindar mayor seguridad jurídica.

Sin embargo, investigadores, especialistas, organizaciones sociales y distintos sectores políticos advierten que la reforma podría facilitar la adquisición de territorios estratégicos por parte de capitales extranjeros, debilitando los mecanismos de control que el Estado mantiene sobre recursos considerados esenciales.

**Un mapa que muestra el alcance de la extranjerización**  
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó recientemente un [mapa interactivo](https://www.observatoriodetierras.ar/p/extranjerizacion-de-tierras-en-argentina.html?m=1) que expone el avance de la extranjerización de tierras rurales en Argentina.

El informe estima que cerca del 5% del territorio nacional, más de 13 millones de hectáreas —una superficie similar a la de Inglaterra— ya pertenece a personas, empresas o Estados extranjeros.

Además, el estudio contradice la postura oficial que sostiene que ninguna provincia supera el límite legal establecido por la Ley de Tierras. Al analizar la situación por departamentos, los investigadores identificaron 36 distritos que ya exceden el tope del 15% fijado por la normativa.

Los casos más críticos corresponden a Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y los departamentos salteños de Molinos y San Carlos, donde la extranjerización supera el 50%. También aparecen elevados porcentajes en localidades ubicadas sobre el corredor estratégico del río Paraná.

En la provincia de Buenos Aires también existen distritos con importantes niveles de tierras en manos extranjeras. Benito Juárez registra un 13% de extranjerización, Monte alcanza el 8% y Azul llega al 4%. En el caso del partido de Azul, sobre una superficie total de 637.720,38 hectáreas, esto representa aproximadamente 25.343,30 hectáreas en manos de propietarios extranjeros.

**¿Quiénes poseen esas tierras?**  
Según el trabajo del Observatorio de Tierras, los ciudadanos y empresas de Estados Unidos encabezan el ranking de propietarios extranjeros con 2,7 millones de hectáreas, seguidos por Italia y España.

Solo esas tres nacionalidades concentran aproximadamente la mitad de toda la superficie extranjerizada del país.

Los investigadores sostienen que el fenómeno no debe analizarse únicamente por la cantidad de hectáreas involucradas, sino principalmente por la ubicación de esas tierras, muchas de ellas asentadas sobre acuíferos, bosques nativos, lagos, ríos, minerales estratégicos, zonas de frontera y corredores logísticos.

**Qué establece la Ley de Tierras**  
La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 con el objetivo de limitar la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

La norma establece que:

Los extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie rural nacional, provincial o municipal.  
Una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese límite.  
Una persona extranjera no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente productivo.  
Se prohíbe la compra de tierras ribereñas de grandes cuerpos de agua y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, salvo las excepciones previstas por la legislación.  
Además, la ley considera extranjeros no solo a personas físicas, sino también a empresas con mayoría de capital extranjero y otros vehículos societarios con participación extranjera significativa.

**Un debate que viene de hace décadas**  
Los especialistas recuerdan que el proceso de extranjerización se profundizó durante la década de 1990, cuando comenzaron a autorizarse ventas de grandes extensiones en zonas de frontera.

Entre los casos más conocidos figuran las tierras adquiridas por el empresario británico Joe Lewis en Lago Escondido y las extensiones compradas por el empresario italiano Luciano Benetton en la Patagonia.

Posteriormente, durante el auge internacional de los precios de los alimentos y tras la devaluación de comienzos de los años 2000, aumentó el interés de capitales extranjeros por tierras fértiles y con abundantes recursos naturales.

**Cambios en los últimos años**  
En 2016, el Decreto 820 firmado durante la gestión de Mauricio Macri modificó aspectos de la aplicación de la Ley de Tierras, flexibilizando distintos procedimientos administrativos y los criterios utilizados para determinar cuándo una sociedad debía ser considerada extranjera.

Luego, en diciembre de 2023, el Gobierno nacional intentó derogar la ley mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Sin embargo, esa disposición fue suspendida por la Justicia y actualmente la cuestión permanece pendiente de resolución definitiva.

En marzo de 2026, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que propone eliminar buena parte de las restricciones actuales para la compra de tierras rurales por extranjeros.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica.

En cambio, investigadores del CONICET y la UBA afirman que la iniciativa no apunta principalmente a favorecer inversiones productivas, sino que facilitaría la apropiación de recursos estratégicos, reduciendo la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio y pudiendo profundizar conflictos sociales y ambientales.

Advierten que, en un escenario internacional marcado por la creciente disputa por el agua, los minerales críticos y la energía, la flexibilización de estos controles podría modificar quién ejerce el control sobre territorios considerados estratégicos para el desarrollo del país.

**Posiciones desde Azul**  
En el plano político local, la senadora provincial Inés Laurini manifestó su rechazo a la flexibilización del régimen de protección de las tierras rurales y acompañó un proyecto de repudio a la iniciativa. La legisladora sostiene que eliminar los límites previstos por la Ley 26.737 debilita una herramienta creada para preservar la soberanía territorial y proteger recursos estratégicos como el agua, los minerales y las zonas de frontera.

En la misma línea se expresó el intendente de Azul, Nelson Sombra, quien advirtió que gran parte de la sociedad no dimensiona el alcance de esta discusión. “Muchos vecinos no alcanzan a ver las consecuencias que esto podría tener. No se trata solamente de quién produce la tierra, sino de quién controla recursos estratégicos y qué beneficios quedan realmente para el país y para las comunidades locales”, sostuvo.

La votación prevista en el Congreso volverá a poner sobre la mesa un debate que trasciende la propiedad privada. La discusión gira sobre quién ejercerá el control de una parte del territorio argentino y de recursos estratégicos que, en un escenario mundial marcado por la crisis climática, la demanda de minerales críticos y la escasez de agua, adquieren cada vez mayor valor para el futuro del país.

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