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El Juez en la Justicia de Faltas Municipal y el Consejo Municipal de la Magistratura

Por Eduardo Victor Lapenta, abogado

¿Quién precisa un Juez de Faltas municipal, independiente del Ejecutivo?

En primer lugar, los Concejales. Las reglas de convivencia que se instrumentan mediante Ordenanzas, prevén una sanción (multa, clausura, decomiso, demolición, etcétera) por su incumplimiento. También juzga infracciones a leyes nacionales y provinciales. El Juez en la Justicia de Faltas Municipal es el encargado de aplicar esas sanciones. Es decir, la eficacia de las normas que dicta el Concejo depende de que el Juez de Faltas sea una persona idónea, independiente, y que tenga la personalidad necesaria para resolver los casos, a pesar de las presiones a las que esté sometido. De lo contrario los Concejales se arriesgan a que sus Ordenanzas no se cumplan con los amigos del Intendente, o se utilicen como instrumento punitivo contra los opositores. Los azuleños algo sabemos de esto.

En segundo lugar, los vecinos de Azul, Cachari y Chillar. Es bastante difícil obtener un derecho administrativo con cierta estabilidad, permiso, autorización, licencia, habilitación, etcétera. Las Ordenanzas determinan en que circunstancias ese derecho se puede revocar, en un procedimiento contravencional con las garantías del debido proceso. Y seria dramático exponerse a perderlo por la falta de independencia del Juez de Faltas, algo así como «te doy la habilitación pero, si hablas mal del Intendente ¡te la quito!». Y aún cuando pudiera acudir a la Justicia, los daños serían inconmensurables, porque se puede disponer la clausura preventiva, y otras medidas que se prolonguen en el tiempo.

Pero también ocurre a la inversa, cuando el vecino reclama por el incumplimiento de la Ordenanza (deterioro ambiental, construcciones antirreglamentarias, actividades sin habilitación, estacionamiento de camiones, ruidos molestos, etcétera), y la denuncia no surte ningún efecto.

¿Cómo se logra la independencia del Juez de Faltas municipal?

La Ley 8751/77 dictada durante el gobierno militar, estableció mínimos resguardos, luego en la época democrática se reformó por Leyes 10.269 y 11.723, estableciendo que la designación debe efectuarse a propuesta del Intendente, y con acuerdo del Concejo Deliberante (art. 21), y goza de estabilidad en sus funciones y una remuneración no inferior a Director (art. 26). Se lo puede remover mediante un juicio previo a sustanciar ante un Jurado con siete integrantes, tres concejales, tres abogados y un juez de la cámara penal (art. 23).

En el año 2006, los Concejales sensibilizados por la demanda social de mayor institucionalización, cuando veníamos del «que se vayan todos», y de los documentos de ONGs «Una Corte para la Democracia», dictaron la Ordenanza 2537/2006, creando el Consejo Municipal de la Magistratura, luego modificada parcialmente por la Ordenanza 2836/2009. Consejo  integrado con ocho miembros (dos concejales, dos abogados, dos jueces y dos representantes del ejecutivo) cuya funciones esenciales (arts. 2, 3  y concs) son:

1) Seleccionar y elevar la terna de los aspirantes, fundamentada, para desempeñarse como Juez de Faltas, mediante «prueba escrita de oposición, el concurso de méritos y antecedentes, las consultas, las entrevistas, y pruebas que el Consejo Municipal de la Magistratura estime necesarios en cada convocatoria y tenderá a apreciar condiciones de madurez, equilibrio, aptitudes, conocimientos jurídicos y cualidades éticas de los aspirantes», previendo una convocatoria general a inscribirse en un registro de aspirantes.

Así quién resulta electo obtiene mayor legitimación para el cargo, e independencia del Intendente, a quién se le impide la elección «a dedo».

2) «Asesorar e informar a las autoridades sobre el correcto e íntegro desempeño al frente de sus cargos, pudiendo aconsejar su remoción si graves irregularidades plenamente probadas así lo justificaren».

Para que quién asuma como Juez de Faltas sabe, desde un inicio, que será controlado por los mismos que lo postularon.

¿Esto alcanza para asegurar la independencia?

Sería útil que, además, se asignara al Juzgado Contravencional un presupuesto propio, que tuviera la posibilidad de designar y retener a su propio personal, e incluso, que se le asegure una comodidad edilicia acorde con su elevada función.

En la gestión anterior, lo «castigaron» trasladándolo de lugar, sacando y poniendo empleados al antojo del Intendente, e incluso, llegaron a ponerle cámaras para espiar lo que hacían.

¿Es relevante que exista un Juzgado Contravencional en el municipio?

La concentración de poder en el ejecutivo –nacional, provincial o municipal–, contraria a los principios básicos de la república, se ha extendido como una mancha de aceite. Cada gobernante pretende llegar un poco más lejos, apropiándose de las potestades del legislativo, y manipulando al poder judicial.

No es extraño que el Intendente pretenda abolir los límites a su poder. Pero se equivoca, porque la función electiva se termina, y para vivir como uno más, necesitará también instituciones que lo protejan frente al próximo gobernante.

La autonomía municipal en nuestra provincia, está aún en pañales, pero ya existe un reconocimiento pleno de su necesidad, y hay también precedentes jurisprudenciales que la avalan. Ordenanzas como la del Concejo Municipal de la Magistratura, tienen el enorme valor de mostrar que en Azul somos capaces de darnos y administrar nuestras propias instituciones.

Si la mayoría de los Concejales aprueban la derogación de la Ordenanza, tendrán que explicarle a los vecinos ¿que es lo que pretenden?, porque ademas de suprimir el reaseguro del cumplimiento de las normas que dictan, los habrán despojado de la garantía que otros Concejales –en 2006 y 2009–, consideraron imprescindible para resguardar los derechos individuales y mejorar la calidad institucional.

Una paradoja final, la Ordenanza le encomienda «a la Presidencia de este Cuerpo la tarea de vinculación con los actores comunitarios integrantes del Consejo de la Magistratura creado mediante la presente Ordenanza a efectos de coordinar las acciones tendientes a dar cumplimiento acabado a esta legislación» (art. 27) ¿Será la Presidencia quién, luego de omitir ese cumplimiento, impulse la derogación?

1 mes ago by in Política , Sin categoría. You can follow any responses to this entry through the | RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.